La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que conduce Juan Carlos Schmid, presentó un amparo en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 de la Capital Federal para exigir que se declare la “ilegalidad, inconstitucionalidad y nulidad” de la adjudicación por parte de YPF de un contrato de transporte de hidrocarburos en el corredor San Lorenzo - Barranqueras a la empresa Horamar S.A. que construirá barcazas para tal fin en Paraguay, lo que pone en riesgo más de 2000 puestos de trabajo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial argentina.
Asimismo, la demanda de la FeMPINRA solicita se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº668/2019, donde se le autoriza al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas la toma del crédito público allí detallado en su Anexo, a los fines de la adquisición del buque polar logístico antártico, el cual se pretende construir en su totalidad en país extranjero y así quitarle el trabajo a más de 2000 trabajadores en los astilleros argentinos. “Dichos actos violan en forma deliberada derechos constitucionales contemplados en nuestra Carta Magna tanto de este ente federativo y los sindicatos a ella adheridos como también de los afiliados a los mismos”, señalaron desde la FeMPINRA. Así, el amparo se suma a las denuncias realizadas por la Cámara de la Industria Naval (CINA) en la Oficina Anticorrupción.
De esta manera, Schmid señaló “desde la FeMPINRA estamos preocupados por la situación de los 200 trabajadores marítimos que podrían perder sus empleos a raíz de una licitación que se está haciendo a las apuradas y de los 2000 compañeros que hoy se desempeñan en astilleros que están con capacidad ociosa mientras los barcos se construyen afuera” y agregó “presentamos un amparo para que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de esta licitación que cobraría vigencia en 2021 y es gestionada por una administración que está por finalizar su mandato en diciembre”.
En ese sentido, el texto del amparo resalta que “el servicio de remolcadores y de transporte de hidrocarburos en dicho corredor lo viene realizando en forma impecable, sin conflictos comerciales ni sindicales y con un precio totalmente razonable pactado pacíficamente entre las partes, e incluso impuesto por YPF, desde hace más de 25 años, la empresa National Shipping SA, con trabajadores argentinos”.
“La decisión de otorgar la concesión de tal servicio a otra empresa, implica que todos aquellos trabajadores que actualmente se encuentran trabajando para National Shipping SA, perderán irremediablemente sus puestos de trabajo en el caso en que se consolide esta contratación que consideramos de carácter inconstitucional y lesiva”, reafirmó Schmid, quien también conduce la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
