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Con una contundente marcha que reunió a más de 2.500 personas, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, se movilizó este lunes en rechazo al Decreto 461/25, que oficializa el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La columna partió desde la sede del organismo y se dirigió al Ministerio de Economía y luego al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en una jornada de lucha marcada por un fuerte operativo policial y una nutrida presencia gremial y legislativa.
“La desregulación de Vialidad Nacional implica la pérdida de la soberanía vial federal. Las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras quedarán en manos de privados o de funcionarios sin vínculo territorial alguno”, advirtió Aleñá, al tiempo que alertó sobre el vaciamiento del organismo y el despido masivo de trabajadores. “Quieren dejar a 5.200 compañeros en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 32 mil kilómetros sin mantenimiento. Esto no solo es un ajuste brutal, es una amenaza directa a la seguridad vial de millones de personas”, denunció.
Durante la movilización, la dirigente sindical fue especialmente crítica con los legisladores que apoyaron la Ley Bases. “Hoy vemos las consecuencias de esa votación: la destrucción del Estado y el avance del desmantelamiento de áreas estratégicas como Vialidad”, sostuvo. En ese sentido, apuntó directamente a la Comisión Bicameral de seguimiento del DNU: “Todavía están a tiempo de frenar esta locura. Necesitamos el compromiso de los gobernadores y de todas las fuerzas políticas para impedir que se termine de concretar este ataque”.
Aleñá también desmintió las cifras difundidas por el Ministerio de Desregulación, que justifican el decreto en una supuesta sobredimensión administrativa del organismo. “Es falso que el 70% del personal sea administrativo. La relación es exactamente la inversa y lo desmiento públicamente. Hacemos responsable a Alejandro Tamer por este informe fraudulento que pretende justificar un ajuste despiadado”, afirmó.
Otro de los puntos críticos denunciados fue el destino de los fondos del Impuesto al Combustible, que según el gremio el Gobierno sigue cobrando pero no transfiere a las provincias ni a Vialidad. “Se trata de más de 400 mil millones de pesos que no se sabe a dónde van. No dicen quién atenderá la red vial, los pasos fronterizos o las emergencias como el operativo nieve. Sin mantenimiento, los puentes y rutas colapsarán”, advirtió.
La jornada también reflejó un fuerte respaldo político y sindical. Estuvieron presentes, entre otros, los diputados nacionales Christian Castillo (PTS), Sergio Palazzo (bancarios) y Paco Manrique; así como los dirigentes gremiales Juan Carlos Schmid (CATT), Silvia Diez (SUTCA), Karina Moyano (Camioneros), Marcelo Pariente (62 Organizaciones), Raúl Durdos (SOMU), Pablo Flores (AEFIP), Agustín Lecchi (SiPreBA), Carlos Ortega (SECASFPI), Juan Speroni (SAON) y representantes de gremios como Aeronavegantes, Peones de Taxis, Astilleros, Fleteros, SUTEP y SICONARA.
“La paralización de la obra pública afecta a todo el país. Este decreto no solo es ilegal, es inhumano. Atenta contra la vida de millones que transitan nuestras rutas”, remarcó Aleñá. Y cerró con un mensaje de resistencia: “Vamos a dar esta pelea hasta las últimas consecuencias. No permitiremos que destruyan la historia y el trabajo de Vialidad Nacional. Esta lucha la vamos a ganar”.
