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La medida fue dispuesta por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que intimó a los ocupantes a abandonar las viviendas en un plazo de diez días. Según se informó, en caso de incumplimiento se avanzará con el desalojo mediante el uso de la fuerza pública.
De acuerdo con datos oficiales, entre los afectados se encuentran trabajadores que cumplen funciones de mantenimiento, seguridad y servicios dentro del complejo, junto a sus familias. Desde el Gobierno sostienen que parte de las ocupaciones carecen de respaldo formal.
La decisión se enmarca en un plan más amplio que contempla la concesión del complejo a privados por un período prolongado, con el objetivo de atraer inversiones y poner en valor la infraestructura, reduciendo al mismo tiempo el costo fiscal de su mantenimiento.
Por su parte, los trabajadores expresaron preocupación ante la posibilidad de perder tanto sus viviendas como su fuente laboral. En varios casos, aseguran habitar el predio desde hace años y consideran que el acceso a esas viviendas está vinculado a sus condiciones de trabajo.
El conflicto comenzó a escalar en el ámbito sindical, donde distintas organizaciones evalúan medidas legales para frenar el desalojo y preservar los puestos laborales. También se sumaron cuestionamientos desde sectores políticos que reclaman mantener el carácter público del complejo.
La Unidad Turística de Chapadmalal, ubicada en la costa bonaerense, fue inaugurada durante el gobierno de Juan Domingo Perón y se convirtió en un símbolo del turismo social en la Argentina, al garantizar durante décadas el acceso a vacaciones para trabajadores y sectores populares.
