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La medida, dictada por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, exige que el hospital restituya al trabajador en las mismas condiciones en las que se encontraba al momento de su cese, y que se le paguen los salarios adeudados hasta que se dicte sentencia definitiva.
El conflicto surgió cuando el hospital comunicó el cese del contrato del profesional, un kinesiólogo que trabaja en la institución desde 2006 y quien, además, ocupaba el rol de delegado sindical. Según CICOP, el despido constituye un acto antisindical y discriminatorio que afecta la libertad sindical de sus miembros, vulnerando así derechos garantizados por la Ley de Asociaciones Sindicales.
El secretario general de CICOP, Aníbal Aristizabal, celebró el fallo y expresó su preocupación por lo que considera una serie de despidos que, según el sindicato, responde a un “plan sistemático de vaciamiento de la salud pública”. En esta línea, Aristizabal sostuvo que las decisiones del Gobierno Nacional impactan en áreas sensibles del Estado, como el derecho a la salud de la población.
La Justicia Federal respaldó los argumentos de CICOP al subrayar que la ley garantiza protección a los delegados sindicales durante su mandato y hasta un año después de finalizado, salvo en casos de justa causa. Asimismo, el tribunal señaló el “peligro en la demora” como un elemento relevante para dictar la medida cautelar, debido a la importancia del salario para la subsistencia del trabajador.
Este fallo resalta las tensiones actuales entre el gremio y las autoridades de salud, en un contexto donde CICOP denuncia una ola de despidos en el sector, que, según el sindicato, afecta gravemente la salud pública y las condiciones laborales de sus profesionales.
