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Un plan para reducir las subas salariales
Según fuentes oficiales, el Gobierno prevé restringir aún más que en 2024 las homologaciones de los acuerdos paritarios, es decir, la validación legal que otorga la Secretaría de Trabajo y que garantiza el pago de los aumentos acordados. En su lugar, se fomentarán negociaciones de menor alcance, supeditadas a las posibilidades económicas de las empresas o sectores productivos.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, será el encargado de comunicar esta política a los sindicatos. La línea oficial establece que las discusiones salariales deberán desvincularse de la inflación pasada o proyectada, permitiendo únicamente ajustes en casos específicos donde no afecten los precios finales de los productos.
El modelo argentino, en riesgo
La propuesta del Gobierno contradice el modelo sindical argentino, basado en acuerdos nacionales que aseguran condiciones equitativas para los trabajadores de cada sector. Un cambio hacia negociaciones descentralizadas representaría un golpe al poder de los gremios y fortalecería el control empresarial sobre los convenios laborales.
Si bien el plan aún no fue consultado con la CGT, el oficialismo da por hecho que enfrentará una resistencia generalizada. Sin embargo, confía en que algunos sectores gremiales podrían aceptar condiciones de paritarias congeladas a cambio de promesas de estabilidad laboral, especialmente en industrias afectadas por la caída del consumo o la apertura de importaciones.
Un antecedente polémico
Durante 2024, la estrategia del Gobierno para limitar las paritarias ya generó tensiones. La negativa a homologar acuerdos por encima de la expectativa inflacionaria oficial forzó ajustes salariales a la baja, como sucedió con los gremios de Camioneros y Sanidad. Estas medidas derivaron en conflictos puntuales y en una amenaza de paro nacional que finalmente no se concretó.
El caso de Camioneros es ilustrativo: luego de que la Secretaría de Trabajo rechazara el acuerdo preestablecido, el gremio debió aceptar un ajuste menor al previsto, lo que profundizó las tensiones internas y provocó la salida de Pablo Moyano del triunvirato de la CGT.
Rechazo sindical y desafíos políticos
La CGT y otros sectores sindicales consideran que el plan gubernamental no solo afecta el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que también busca debilitar las estructuras gremiales y su capacidad de negociación. A esto se suma la posibilidad de que el Gobierno promueva "modernizaciones" de los convenios colectivos, una estrategia históricamente reclamada por las patronales para reducir derechos laborales.
Aunque el oficialismo sabe que la implementación del plan será compleja, apuesta a que la necesidad de preservar empleos y evitar la caída de empresas logre fracturar la unidad sindical. En un contexto de alta inflación y recesión, el conflicto entre el Gobierno y los gremios podría escalar en los próximos meses.
