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Ferreyra fue asesinado el 10 de octubre de 2010 mientras protestaba contra la tercerización laboral en los ferrocarriles. En 2013 ya habían sido condenados los responsables materiales y quienes ordenaron el ataque . Pero quedaron otros involucrados, con conexiones en la Justicia y los servicios de inteligencia, que ahora por fin serán juzgados.
El fiscal es Marcelo Colombo. Los jueces del TOF 8 encargados son María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Edith Namer y Nicolás Toselli . Los cuatro imputados procesados desde 2012 son:
- Octavio Aráoz de Lamadrid, ex secretario de Casación Penal: en su estudio apareció el dinero en dólares; habría prometido influir sobre jueces de la Sala III .
- Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria (UF) y vicepresidente de Belgrano Cargas: se lo acusa de coordinar el pago con Pedraza y otros
- Susana Rita Planas, directiva de Belgrano Cargas: señalada como partícipe secundaria en el otorgamiento del soborno .
- Luis Ameghino Escobar, encargado del sistema informático de asignación de jueces: acusado de aceptar los sobornos y manipular el sorteo para que la Sala III interviniera .
El vinculo central era el exagente de inteligencia Juan José Riquelme, que murió hace pocos días. Fue quien conectaba todas las piezas y ofrecía que la causa se tramitara en una sala “amiga” .
También hay un dato que no puede olvidarse: el Secretario General de la UF, José Pedraza, procesado durante la instrucción, ya falleció en 2018, dos años antes de que la causa fuera elevada a juicio oral . En cambio, el juez de Sala III, Eduardo Riggi, fue sobreseído por el juez Oyarbide sin siquiera declarar, pese a ser mencionado varias veces por imputados .
El camino hasta acá fue tortuoso: tras el procesamiento en 2012, la causa tuvo continuas dilaciones. Decenas de jueces se excusaron, la Corte Suprema demoró tres años en resolver un conflicto de competencia, y aunque la causa fue elevada a juicio en 2020, pasaron otros cinco años hasta su concreción . Como dijo Paula Litvacky, directora del CELS, esto sucede justo cuando "las actividades ilegales de los operadores judiciales y la relación con los servicios de inteligencia siguen en primer plano" y cuando el Poder Judicial "no parece querer ejercer un control firme ni del gobierno, ni de los espías, ni de ellos mismos"
La querella está a cargo del CELS, representando a Beatriz Rial, la mamá de Mariano Ferreyra .
