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Del mismo modo, advierte al sector empresario de nuestra industria, que el actual gobierno en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias correspondientes hasta diciembre de este año, lo que asegura la normal ejecución y continuidad de las obras en curso, razón por la cual no existen argumentos válidos que justifiquen la implementación de despidos, que en nada contribuyen a la paz social a la que todos responsablemente debemos contribuir.
La industria de la construcción es un sector clave para el desarrollo del país, dinamizador de actividad económica y multiplicador de empleo genuino, ya que genera más de 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos.
La obra pública es, en cualquier lugar del mundo, una inversión, no un gasto. Más aún en un país como la Argentina, que requiere de un planeamiento estratégico en materia de infraestructura que contribuya al desarrollo de nuestra economía y cuenta con un déficit habitacional de aproximadamente 4 millones de viviendas.
Instamos a la responsabilidad y al diálogo tripartito virtuoso entre gobierno, empresas y trabajadores con el objeto de alcanzar los consensos que posibiliten que este tema no sea una hipótesis de conflicto y se convierta en un acuerdo de política de Estado que apuntale el desarrollo estratégico de nuestro país.