La sesión del 11 de diciembre fue escenario de un fuerte pronunciamiento en defensa del financiamiento universitario. Desde la UBA señalaron que el presupuesto necesario asciende a $7,2 billones, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), pero el proyecto del Gobierno Nacional apenas contempla $3,95 billones, dejando una diferencia de más de $3 billones.
“La situación es insostenible. Necesitamos que el Congreso garantice los fondos necesarios para que las universidades públicas puedan seguir funcionando y cumpliendo su rol social y académico. Sin recursos, el sistema se desmorona”, señalaron autoridades del Consejo Superior.
El planteo de la UBA recibió respaldo de múltiples sectores, desde el ámbito educativo, cultural, científico y de derechos humanos, hasta representantes del sector sindical y empresarial. “Esta no es solo una pelea de las universidades, es una lucha por el derecho a la educación pública y gratuita, que es un pilar del país”, afirmaron desde el sector sindical.
Como salida a este conflicto, la resolución de la UBA sugiere que el Congreso convoque a una consulta popular vinculante, respaldada por el artículo 40 de la Constitución Nacional, que habilita esta herramienta democrática para validar proyectos de ley. “La educación pública tiene el apoyo de la sociedad. Queremos que sea la ciudadanía quien decida si las universidades deben contar con el financiamiento que merecen”, remarcaron.
El pedido llega meses después de que la Ley de Financiamiento Universitario fuera vetada por el Poder Ejecutivo, a pesar de haber contado con el apoyo de dos tercios de los diputados. “Ese veto fue un golpe a la educación pública, pero también dejó claro que el Congreso y la sociedad están de nuestro lado”, recordaron desde la UBA.
Este nuevo llamado pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de asegurar un presupuesto acorde a las necesidades reales del sistema universitario, en defensa de miles de trabajadores docentes, no docentes y estudiantes que dependen del funcionamiento de estas instituciones. “El financiamiento adecuado no es un lujo, es una necesidad urgente”, concluyeron.
