correo-argentinowebp.jpeg
La medida, oficializada a través del Decreto 1005/2024, busca "promover la libre competencia y eliminar barreras burocráticas", según indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sin embargo, desde el sector sindical, el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicación (FOECyT), Alberto Cejas, rechaza la decisión y asegura que la empresa estatal “ya pasó a tener ganancias y superávit”.
“La empresa está funcionando bien. A partir de agosto da superávit, y el Gobierno en lugar de fortalecerla, busca debilitarla para entregarla más barata”, afirmó Cejas. La postura del sindicalista surge en respuesta a las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien justificó la medida como un avance hacia la “transparencia y mayor seguridad en el servicio”.
Denuncias de los trabajadores sobre el impacto de la desregulación
Cejas cuestionó duramente la postura oficial: “Si realmente quisieran privatizarla, deberían reconocer el esfuerzo de los trabajadores que en dos meses lograron que la empresa pase a ser rentable a través de retiros voluntarios”. Según el sindicalista, la medida lejos de fortalecer a la empresa, "busca desvalorizarla para facilitar una venta barata”.
El gremialista también destacó que el mercado postal en Argentina "hace 30 años está desregulado". Según Cejas, el argumento de que se incrementará la competencia es falso, ya que actualmente "hay 1.400 empresas registradas, y ni siquiera sabemos cuántas operan de forma clandestina”.
El riesgo de una privatización que perjudique a zonas rurales
Otro de los puntos que más preocupa a los trabajadores es el efecto que una eventual privatización podría tener en el acceso al servicio en áreas rurales y zonas no rentables. "Estas empresas que se instalen solo van a operar en las grandes ciudades, donde es rentable, pero en los lugares alejados no van a ir", advirtió Cejas, apuntando a que el Correo Argentino cumple con un rol social al cubrir zonas del país donde otras compañías no quieren o no pueden operar.
Una empresa con un rol esencial en el país
El Correo Argentino, como empresa estatal, no solo realiza envíos postales sino que también gestiona servicios monetarios y de telegrafía en todo el país. Por ley, debe cumplir con el Servicio Básico Universal (S.B.U.), lo cual le obliga a llegar a todos los puntos del país con una frecuencia mínima y a precios accesibles. Sin embargo, en 2023, la empresa registró un déficit de $71.322 millones, lo que llevó al Gobierno a destinar $90.000 millones en retiros voluntarios a comienzos de este año para reducir su estructura de costos.
“Estamos distribuyendo 3,5 millones de paquetes por mes, y sinceramente, no sé de dónde saca el Gobierno los datos que justifiquen esta movida. ¿Será una estrategia de puesta en escena para privatizar?”, se preguntó Cejas, cuestionando las cifras difundidas por Sturzenegger en redes sociales.
El anuncio de desregulación y la posibilidad de privatización abren una fuerte polémica. Para los trabajadores, la decisión representa una amenaza a la estabilidad laboral y al rol social que cumple la empresa.
