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El pasado martes, cientos de personas se congregaron frente al depósito gubernamental para exigir el cumplimiento del fallo del juez federal Sebastián Casanello, quien había ordenado la elaboración de un plan para la distribución de los alimentos en un plazo de 72 horas.
Los Curas en Opción por los Pobres se sumaron a las protestas y anunciaron que, si el lunes no se iniciaba la distribución como lo dictaminó la justicia, comenzarían una huelga de hambre. "Esta tarde nos acercamos con algunos compañeros a intervenir simbólicamente el galpón de Villa Martelli donde duermen toneladas de alimentos que deberían estar alimentando a miles de personas. ‘Quién quita el pan al pobre es un asesino’, dice Eclesiástico 34,21", expresaron en un comunicado.
El grupo también advirtió que si el lunes no se empiezan a repartir las cinco toneladas de alimentos retenidas en Villa Martelli y Tucumán, varios de sus miembros iniciarán una huelga de hambre en la puerta del depósito, acompañada de una celebración ecuménica a la que invitan a representantes de todos los cultos.
La preocupación también llegó a la Conferencia Episcopal Argentina. Su presidente, monseñor Oscar Ojea, urgió al gobierno de Javier Milei a entregar "rápidamente los 5 millones de kilos de alimentos guardados". Monseñor Eduardo García, obispo de San Justo, se sumó al pedido, subrayando la necesidad de no desabastecer a la comunidad de recursos esenciales para su alimentación.
Desde Rosario, el párroco Fabián Monte, vicepresidente de Cáritas local, destacó el aumento en la demanda de asistencia desde principios de año, y calificó como "una picardía" que haya tanta comida almacenada en momentos de necesidad extrema. El padre Jorge Aloi coincidió, calificando de “despropósito” la falta de distribución de alimentos mientras la gente pasa hambre.
En Misiones, el sacerdote Alberto Barros de Cáritas Posadas respaldó los reclamos de monseñor Ojea y criticó la falta de gasto en alimentos por parte del gobierno desde que asumió. Barros también cuestionó las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había argumentado que los alimentos no se distribuyen para evitar robos, calificando sus palabras de "infantiles y casi insultantes".
Los comedores comunitarios, gestionados tanto por Cáritas como por organizaciones barriales y movimientos sociales, no han recibido envíos de mercadería desde diciembre, dejando a miles de personas sin acceso a una alimentación regular. La Iglesia y otros actores sociales continúan exigiendo una respuesta rápida y efectiva para solucionar esta grave crisis.
