Giuliani - ATE Cordoba.jpg
Según datos oficiales del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la provincia registra 377 personas detenidas cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional de 258. El informe La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos (2024) señala además que la población carcelaria cordobesa se duplicó en la última década: pasó de 6.802 personas detenidas en 2015 a 14.736 en 2024, un aumento del 116,6%, uno de los más altos del país.
A esto se suma una sobrepoblación crítica, con cárceles que funcionan al 113,8% de su capacidad, y una situación procesal alarmante: alrededor de la mitad de las personas detenidas no tiene condena y permanece presa a la espera de juicio, por encima del promedio nacional.
El secretario general de ATE Córdoba y la CTA Autónoma, Federico Giuliani, fue contundente al describir el escenario: “Córdoba vive un verdadero estado de excepción. Te meten preso primero y después ven si sos culpable. Este modelo no gobierna garantizando derechos, gobierna con cárcel, palos y persecución política”.
Giuliani también relató su experiencia dentro del sistema penitenciario provincial: “Lo que vi adentro del sistema penitenciario cordobés es inhumano. Estuve en un pabellón donde entre ochenta personas compartíamos dos duchas, sin agua potable, con conexiones eléctricas precarias y una alimentación que ni los animales aceptarían. Esa realidad no es casualidad: es la expresión de un modelo que criminaliza la pobreza y viola los derechos humanos básicos”.
En ese marco, advirtió que la mayoría de las personas encarceladas son jóvenes y pobres, detenidas sin condena firme. “Ser pobre en Córdoba ahora se castiga con cárcel preventiva. Eso no es justicia, es castigo social”, afirmó. Y remarcó que el aumento del encarcelamiento no se traduce en mayor seguridad, ya que la mayoría de las causas están vinculadas a delitos contra la propiedad, en un contexto de ajuste, caída del empleo y deterioro de los ingresos de las y los trabajadores.
El dirigente sindical apuntó directamente al gobierno provincial: “El gobierno de Martín Llaryora responde con represión a los conflictos sociales que genera su propio modelo económico. En una provincia cada vez más desigual, en lugar de garantizar trabajo, salud, educación y salarios dignos, eligen ampliar el sistema penitenciario”.
Giuliani vinculó estos datos con su propia detención tras una protesta social: “Yo mismo fui privado de la libertad por reclamar alimentos para los sectores más postergados. Pasé por una cárcel común y vi el hacinamiento, el abandono sanitario y la deshumanización cotidiana. Ahí adentro hay trabajadores y trabajadoras pobres, no delincuentes peligrosos”.
Desde ATE Córdoba denunciaron que la política de encarcelamiento masivo se sostiene en el abuso de la prisión preventiva, el deterioro de la infraestructura carcelaria y la violación sistemática de los derechos humanos, una situación que incluso motivó una audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las cárceles cordobesas. “Mientras se ajusta a las y los trabajadores, se vacían las políticas sociales y se persigue a quienes luchan, se llenan las cárceles. Nosotros creemos en otra Córdoba: con justicia social, con empleo digno y con un Estado que cuide a su pueblo, no que lo encierre”, concluyó Giuliani.
