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Según fuentes internas, entre 20 y 21 empleados fueron despedidos en los últimos días, lo que representa alrededor del 25% de una planta total de 84 personas. Además, advierten que el recorte podría profundizarse y alcanzar hasta el 50% del personal.
Las cesantías habrían recaído principalmente en áreas clave como extensión yerbatera, controles a empresas, registro y fiscalización, sectores directamente vinculados al acompañamiento de productores y al control de la actividad. “Esto recién empieza, se habla de al menos 20 despidos más”, señalaron fuentes cercanas al organismo, que también anticiparon una reducción de la flota de unas 25 camionetas utilizadas para tareas de control y asistencia en territorio.
El ajuste incluye además un posible recorte de los viáticos de los 12 directores del INYM, cargos ad honorem que en los últimos años fueron cuestionados por sectores del propio mercado yerbatero por viajes al exterior en misiones comerciales. “Hay mucho malestar porque mientras se despide personal, se siguen discutiendo gastos que no impactan en el día a día de los trabajadores ni de los pequeños productores”, indicaron desde el sector.
El nuevo titular del INYM, el contador Rodrigo Correa, fue designado por el presidente Javier Milei y asumió el 11 de diciembre pasado, luego de más de un año de acefalía del organismo. Al asumir, planteó como ejes de gestión la “modernización”, la “reestructuración” y la adecuación del Instituto a sus funciones actuales, tras la quita de facultades regulatorias dispuesta por el DNU 70/2023.
“Vamos a trabajar en el marco de la normativa vigente para dar un paso más en la modernización del Instituto, armonizando esas normas en un proceso de desburocratización que facilite la actividad que desarrollan los distintos operadores del sector yerbatero”, afirmó Correa en una declaración difundida por sectores de La Libertad Avanza.
En la primera reunión de directorio, también se acordó solicitar un aumento de la Tasa de Fiscalización —la estampilla que financia al organismo— que pasará de 25 a 32 pesos por kilo de yerba mate, una suba del 28%. Con ese incremento, el INYM proyectó un presupuesto de 8.500 millones de pesos para 2026. En ese mismo encuentro comenzó a discutirse la necesidad de “achicar” la estructura del organismo y adecuarla a sus funciones actuales, centradas en la promoción y el control de calidad del producto.
Si bien el presidente del INYM evitó hacer declaraciones públicas sobre los despidos, el directorio habría avalado el rumbo del ajuste. Desde el sector recuerdan que la Secretaría de Agricultura venía reclamando una modernización del Instituto, pero que hasta ahora nadie había avanzado sin una conducción designada por la Casa Rosada.
La decisión genera fuerte polémica en Misiones, donde el INYM nació tras el histórico “tractorazo” que protagonizaron pequeños productores ante años de precios bajos y pobreza en las chacras. Hoy, mientras una parte de la industria, el Gobierno de Corrientes y grandes cooperativas defienden el libre juego de la oferta y la demanda, del otro lado quedan el Gobierno misionero, unos 12.500 pequeños yerbateros, tareferos y trabajadores rurales, que ven en estos recortes una señal de alarma sobre el futuro del organismo y del empleo en el sector.
