El comunicado de la confederación obrera señala que "los actos de gobierno a cargo de la máxima autoridad de la Nación realizados por el mandato popular no pueden constituir el vínculo que soporte un agravante para la calificación de una acusación sin sustento".
Un gobierno nacional, electo democráticamente, no puede considerarse una asociación ilícita”, titula el comunicado de la CGT.
Además, advierten que "no hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito".
También, subrayan que "el show mediático" llevado adelante por la fiscalía para "sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la expresidenta y de todo el peronismo".