"La medida es una tarifa retributiva del servicio de dragado y balizamiento y no agrede el compromiso asumido porque no determina ninguna imposición, ni gravamen, un tributo ni un derecho sobre el transporte o la navegación. Toda mejora en la vía navegable es positiva. Perfecciona la seguridad y las condiciones de la navegación", enfatizó.
Un comunicado firmado por Schmid sostuvo que también agiliza y promueve el sistema como modo logístico de manera eficiente, y agregó que "las obras y servicios a disposición del sector hay que pagarlas y, un peaje, es razonable para su mantenimiento".
Además, expresó que "no implica un tratamiento distinto a las embarcaciones de banderas nacionales del que se ofrece a los barcos de los demás países signatarios del acuerdo, y tampoco significa discriminar en razón del pabellón del buque", añadió.
"La Argentina abandonó hace rato la instrumentación de políticas estratégicas en la cuenca, lo que dio lugar a la extranjerización del espacio geoeconómico por falta de protagonismo del Estado. Por eso es saludable esta postura de Transporte", añadió.
El dirigente destacó que "la decisión adoptada se basa en las facultades propias de la autoridad competente que rige la actividad del transporte, respeta en su totalidad lo establecido por las resoluciones 625/22 y 618/18 y no agrede los tratados internacionales".
La decisión de cobrar el peaje fluvial se aplica desde el 1° de enero último por disposición de Transporte y corresponde a la traza desde el kilómetro 584 del Paraná hasta el 1.238.
