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Según el estudio, a partir de octubre se aceleraron los despidos, cierres de empresas y crisis productivas en distintos sectores.
Entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 507 conflictos laborales, con un promedio mensual de 24 casos. Sin embargo, desde los comicios hasta febrero de 2026 se contabilizaron 210 conflictos, lo que elevó la media a 42 por mes, prácticamente el doble. En total, entre enero de 2024 y febrero de 2026 se relevaron 717 conflictos en todo el país.
Del total, el 63,6% estuvo vinculado a despidos, el 12,3% a cierres de empresas y el 10% a suspensiones. Otro 7,8% respondió a crisis empresariales asociadas a la caída de ventas, la apertura importadora o incumplimientos salariales.
“El período pos electoral marcó un punto de inflexión en la dinámica del empleo formal”, señala el informe, que atribuye el salto a “una aceleración de decisiones empresarias de ajuste, reducción de personal y recortes operativos”.
Uno de los casos más resonantes fue el de la fábrica de neumáticos FATE, con casi mil trabajadores afectados y la intervención del Gobierno mediante conciliación obligatoria por 15 días. El impacto se concentró principalmente en la industria. Entre octubre y febrero, el 62,1% de los conflictos se produjo en ese sector, sobre todo en las ramas textil, alimenticia, automotriz y metalúrgica-siderúrgica. Muy por detrás quedaron servicios (16,9%), comercio (8,2%), sector primario (9,5%) y construcción (3,3%).
El relevamiento también muestra el peso de las pymes: el 39,1% de los conflictos ocurrió en pequeñas y medianas empresas. En tanto, el 27,3% involucró a conglomerados extranjeros, en muchos casos por reemplazo de producción local por importaciones o ajustes ante la caída del consumo. El 71,5% de las firmas afectadas son de capital nacional.
En cuanto a la distribución territorial, los conflictos alcanzaron a las 24 jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires encabezó el ranking con el 17,6% de los casos, seguida por La Rioja (13,3%), Santa Fe (11,4%), Córdoba (7,1%), Misiones (6,7%), San Juan (4,8%) y Corrientes (4,3%).
Según CEPA, tras la elección legislativa “se consolidaron expectativas empresarias vinculadas al rumbo económico y a reformas estructurales”, lo que habría precipitado decisiones de ajuste. De hecho, en el período posterior a octubre la conflictividad se concentró en cuatro ejes: despidos (35,2%), cierres (21,9%), crisis empresariales (20,5%) y suspensiones (9%).
El informe concluye que, lejos de reducirse, la tensión en el mercado laboral se intensificó en la nueva etapa política, con mayor frecuencia de conflictos y un fuerte impacto sobre el empleo industrial y el entramado productivo pyme.
