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Con el interés de defender el derecho a la salud de los afiliados y afiliadas, las autoridades de Sitraju RA se presentaron como querellantes en las causas donde se investigan delitos vinculados a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
Como autoridades recientemente electas y trabajadores del poder judicial, estamos preocupados por la situación actual de la obra social, que afecta directamente a los y las trabajadoras, vulnerando un derecho elemental como es el acceso a una salud de calidad”, subrayó la Secretaria General de SITRAJU RA, Marieta Urueña Russo.
También, Marieta Urueña, señaló que “la obra social viene funcionando mal y nuestro principal objetivo es garantizar el derecho a la salud de los trabajadores. Nos presentamos como querellantes porque tenemos la obligación de cuidar los intereses de los trabajadores, accionar para que se investiguen las denuncias y dar respuesta a nuestros afiliados y afiliadas”.
Tenemos un grave problema con las prestaciones médicas, recibimos denuncias de compañeros y compañeras de distintas provincias que tienen serios inconvenientes para acceder a la cobertura de tratamientos fundamentales, como los requeridos por compañeros con cáncer. También tenemos denuncias registradas de tratamientos odontológicos interrumpidos, negación de cobertura o falta de profesionales que brinden atención”, advirtieron desde el sindicato.
En el video, publicado en las redes del sindicato, Marieta Urueña, enumeró las problemáticas que padecen los trabajadores y trabajadoras judiciales, donde pacientes de distintas provincias que deben interrumpir su tratamiento contra la diabetes, además de, una cartilla médica limitada con poca oferta de médicos de distintas especialidades y especial demora para conseguir turnos.
Destacó entonces que “la Comisión Directiva de Sitraju RA entiende que la salud no es un privilegio, es un derecho para todos los trabajadores judiciales; es por eso que pedimos que las prestaciones de la obra social estén a la altura”.
También puso como contrapunto el buen funcionamiento de la obra social del Congreso de la Nación, que pudo modificar una situación de déficit, convertirla en superávit y a su vez ampliar prestaciones, incorporando a la renombrada Fundación Favaloro.
Finalmente se puso a disposición de “los trabajadores y trabajadoras del poder judicial y a los compañeros y compañeras de la obra social…para escuchar sus problemáticas cotidianas. También nos preocupa la situación de ellos”.