El beneficio permitirá viajar sin costo todos los días, en cualquier horario, y regirá para quienes perciban hasta 2,5 haberes mínimos —hoy cerca de $772.500— y residan en la Ciudad de Buenos Aires. El pase podrá gestionarse en forma presencial en cabeceras de Subte y sedes comunales, o de manera virtual, y tendrá vigencia por cinco años con renovación automática. También se prevé la reposición rápida en caso de pérdida y la unificación con otros sistemas magnéticos ya vigentes.
Durante su intervención, Iañez defendió la medida como una política de justicia social:
“Quiero convocar a pensar políticas públicas que no perpetúen las desigualdades, sino que transformen las heridas que hoy tiene nuestro país y nuestra Ciudad con los sectores más postergados. Los jubilados son nuestros papás, nuestros abuelos y parte fundamental de nuestra historia y memoria”.
Desde la oposición, Claudio Romero (Volvamos Buenos Aires) subrayó que el impacto fiscal será mínimo:
“Esta gratuidad representa menos del 1 % del superávit anual del Gobierno”, dijo, y agregó que “más del 20 % de sus ingresos va a la alimentación y otro 12 % a vivienda, les queda muy poco margen para transporte o recreación”.
La legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública) fue más dura con el oficialismo:
“El jefe de gobierno hizo caer la sesión ordinaria para que este y otros beneficios no se materialicen. No pudo tapar el sol con la mano. Los adultos mayores necesitan que les hagamos la vida más fácil: ya tienen suficiente castigo con la miseria que cobran”.
Desde el Ejecutivo porteño, Jorge Macri celebró la aprobación y destacó que el consenso no afectará el equilibrio fiscal:
“Hoy se aprobó en la Legislatura una ley para que los jubilados y pensionados que cobren hasta 2,5 jubilaciones mínimas viajen sin costo en subte. Es una medida necesaria para acompañar a quienes trabajaron toda su vida”.
Según datos oficiales, el universo alcanzado sería cerca del 65 % de los jubilados porteños y el costo fiscal ronda el 0,15 % del presupuesto de la Ciudad. El Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la norma, y desde Unión por la Patria ya adelantaron que estarán “siguiendo muy de cerca” este proceso para evitar demoras.
