TSJ-porteno.webp
La resolución fija una “tasa pura” del 8% anual hasta el momento en que el daño es cuantificado, excluyendo cualquier tipo de actualización por inflación o pérdida del poder adquisitivo.
El caso, “Paraná S.A. de Seguros s/ queja…”, dejó sin efecto la utilización de la tasa activa del Banco Nación, mucho más alta, y ratificó la doctrina que la Corte Suprema ya había marcado en el fallo “Barrientos”. Según el TSJ, antes de que el daño sea convertido en un monto monetario, la obligación es “de valor” y por lo tanto no corresponde aplicar mecanismos de actualización.
El tribunal sostuvo que el artículo 768 del Código Civil y Comercial solo vale para obligaciones dinerarias y que, hasta que el monto no esté fijado en pesos, “la tasa pura es la única aplicable”. Con este criterio, el monto final que podrían recibir los demandantes se reduce de manera considerable, porque el cálculo no incorpora la depreciación del dinero durante los años que suele durar un litigio.
Abogados críticos de la medida advierten que la decisión puede desalentar reclamos válidos. “Si el trabajador o el damnificado llega al final del juicio con una indemnización licuada, estamos frente a una reparación que deja de ser justa”, cuestionaron fuentes del ámbito jurídico consultadas. En cambio, para el sector empresario y asegurador, el fallo aporta previsibilidad: “Se frena un esquema que favorecía litigios artificialmente elevados”, celebraron.
La decisión también tuvo impacto político. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, respaldó públicamente la medida y afirmó que “pone un freno claro y directo a las mafias de los juicios laborales”. Además, pidió avanzar en cambios estructurales que brinden “seguridad jurídica y terminen con la industria del juicio”.
Aunque el caso analizado es civil, especialistas advierten que el criterio podría extenderse a reclamos laborales, justo en un momento donde el Gobierno nacional impulsa una reforma que busca recortar costos judiciales y acotar las indemnizaciones. El precedente abre otro capítulo en la tensión entre la necesidad de garantizar reparaciones que mantengan su valor real y la presión por reducir los litigios considerados abusivos.
Para los trabajadores y trabajadoras, el punto central sigue siendo el mismo: cómo evitar que, después de años de juicio, la indemnización termine valiendo mucho menos de lo que debía compensar.
