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La decisión judicial se dio tras un amparo colectivo presentado por el CELS, al que se sumaron el SiPreBA, la FATPREN, ARGRA y otras organizaciones sindicales y de derechos humanos. En esa presentación, denunciaron que el protocolo era inconstitucional y que, bajo el pretexto de “ordenar el tránsito”, habilitaba la represión de manifestantes y trabajadores de prensa.
“El protocolo cercena el derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, señalaron desde el SiPreBA, y remarcaron que también ponía en riesgo directo a periodistas, fotógrafos y camarógrafos que cubren movilizaciones. “Era una excusa para reprimir a quienes ejercen su derecho a manifestarse, pero también a quienes hacemos nuestro trabajo de prensa en la calle”, advirtieron.
Los hechos denunciados quedaron reflejados en el expediente judicial. Desde las protestas contra la Ley Ómnibus, a fines de enero y comienzos de febrero de 2024, al menos 50 trabajadores y trabajadoras de prensa resultaron heridos con balas de goma y gas pimienta en solo dos días, entre el 31 de enero y el 1 de febrero. Por esos episodios, las organizaciones también realizaron presentaciones en la justicia penal.
Uno de los casos más graves ocurrió el 12 de marzo, cuando el fotógrafo Pablo Grillo fue impactado en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno disparada de manera directa por el gendarme Héctor Guerrero. El ataque le provocó una fractura de cráneo y, nueve meses después, continúa en proceso de recuperación. Ese mismo día, otras veinte personas del ámbito de la prensa fueron heridas mientras trabajaban.
En su fallo, el juez Cormick fue contundente y sostuvo que el Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich, “se excedió” en sus atribuciones al punto de modificar de hecho el Código Penal y las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad, afectando derechos fundamentales como la vida y la integridad personal, que el Estado tiene la obligación de proteger.
Desde el SiPreBA advirtieron que el protocolo antipiquetes “fue una de las tantas herramientas utilizadas por el gobierno para silenciar, disciplinar y hostigar de manera sistemática la libertad de expresión y de prensa”. Y cerraron con una definición política clara tras el fallo judicial: “Protestar no es delito y no vamos a permitir que se siga avanzando contra nuestros derechos”
