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“Estamos en plena elección de las comisiones internas. Los delegados electos son electos por los votos de los compañeros, no entran por resolución ni mucho menos por una disposición del sindicato”, aclaró Rodríguez en declaraciones públicas. Según el dirigente, las nuevas disposiciones del Ejecutivo buscan interferir en la vida interna de los gremios: “Que el Poder Ejecutivo lleve un registro nos tiene sin cuidado. Son todas medidas intentando coartar la libertad sindical y limitar el ejercicio pleno de lo que debe ser una entidad sindical en función de sus cuerpos directivos”.
La preocupación también alcanzó a las limitaciones impuestas al derecho de huelga, que, según Rodríguez, reviven el capítulo laboral del DNU 70/2023. “Ese decreto ya fue recurrido por la CGT ante la Justicia y, en Cámara, se declaró su inconstitucionalidad. Ahora está en la Corte para su sentencia definitiva”, explicó. En ese sentido, UPCN ya decidió presentar una nueva acción judicial: “Vamos a presentar en la Justicia nuevamente la inconstitucionalidad de estas medidas de limitación del derecho de huelga que, como todos sabemos, es un derecho constitucional. Está en la Constitución argentina y además está avalado por normativas de la Organización Internacional del Trabajo”.
Rodríguez consideró que el Ejecutivo “actúa autoritariamente” y que “estas cuestiones generan una incapacidad de dialogar y consensuar”. También cuestionó la falta de diálogo previo: “Esta medida nos tomó por sorpresa. No teníamos información previa. Es una medida unilateral, desproporcionada y totalmente autoritaria”.
El dirigente de UPCN también se refirió al impacto de estas políticas sobre el empleo: “Hay sectores privados afectados que están despidiendo gente y el Estado también”. Y volvió a remarcar las contradicciones del Gobierno: “Por un lado, el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter en las elecciones y, por otro lado, genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios”.
Finalmente, advirtió sobre los errores de gestión: “El Gobierno tendría que habernos convocado. Tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia. Acá hay claramente muchos errores de gestión”.
La resolución a la que hace referencia Rodríguez forma parte del paquete de medidas impulsadas por el Ministerio de Capital Humano, que incluye restricciones a la elección de delegados y nuevos requisitos para que los sindicatos informen al Estado sobre sus autoridades. Además, el Gobierno emitió una disposición que condiciona la validez de las huelgas para que no afecten servicios considerados esenciales, lo que fue cuestionado por diversas organizaciones gremiales.
En paralelo, la CGT sigue esperando que la Corte Suprema se pronuncie sobre la constitucionalidad del DNU 70/2023, que entre otros puntos desregula aspectos centrales del derecho laboral.
