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La situación mantiene en alerta al sector, ya que cerca de 1.000 contratos laborales podrían no renovarse.
El entendimiento, rubricado el 23 de mayo pasado tras una semana de conflicto y medidas de fuerza, había sido alcanzado luego del anuncio del Gobierno nacional sobre la reducción gradual de los aranceles a la importación de teléfonos celulares. Su objetivo central fue evitar despidos y contener el impacto de los cambios en las reglas comerciales sobre la industria electrónica fueguina.
Durante la segunda mitad de 2025, el acuerdo permitió sostener puestos de trabajo a través de mecanismos transitorios y de un canal de diálogo permanente entre el sindicato y las empresas.
Sin embargo, el actual escenario productivo —caracterizado por un consumo deprimido, mayor presencia de productos importados y una fuerte baja de precios— complejiza las posibilidades de prorrogar ese esquema, según admiten tanto fuentes gremiales como empresarias.
El secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, advirtió que entre 800 y 1.000 trabajadores podrían quedar fuera de la actividad una vez vencidos los contratos a plazo fijo. Señaló que muchos de esos vínculos laborales estaban previstos para finalizar durante el segundo semestre, pero fueron extendidos gracias al acuerdo. “A fin de año esos contratos caducan y no existe aún un panorama claro de producción para 2026”, sostuvo, y remarcó la falta de previsibilidad como uno de los principales problemas.
Martínez describió además un cuadro industrial complejo, con empresas que enfrentaron sobrestock, ventas reducidas y un nivel de consumo que no mostró señales de recuperación.
Productos como celulares, televisores y aires acondicionados registraron una demanda limitada, lo que afectó el nivel de actividad. Actualmente, el sector cuenta con alrededor de 4.000 trabajadores efectivos, aunque la preocupación excede a los contratos temporarios.
Desde el sector empresario coincidieron en señalar un escenario de creciente competencia, impulsado por el ingreso de productos importados y el contrabando, sumado a un consumo retraído que atraviesa a distintos rubros de la economía. Si bien destacaron el trabajo conjunto con los gobiernos nacional y provincial y con la UOM para mejorar la productividad, admitieron que esas medidas no alcanzaron para compensar el nuevo contexto comercial.
Ante este panorama, el Gobierno de Tierra del Fuego convocó a una nueva reunión de la mesa de diálogo. La ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, citó a las partes a una audiencia para este viernes 19 de diciembre en Ushuaia, con el objetivo de analizar la continuidad productiva y laboral frente a la inminente reducción del último tramo de aranceles.
Mientras el gremio insiste en la necesidad de preservar los puestos de trabajo, en el sector empresario reconocen que distintas alternativas de ajuste ya se encuentran en evaluación.
