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La demanda fue radicada ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 23, a cargo de la jueza Marta Rey, bajo el expediente 27.651/2025. La acción fue impulsada con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia y busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto por “ilegalidad y arbitrariedad manifiesta”, amparándose en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
“Se genera una amenaza, incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores, profesionales, administrativos, técnicos y operarios que aportaron seguridad, adelantos tecnológicos y la custodia de la vida digna de todos los argentinos”, señala el comunicado difundido por el sindicato.
El reclamo enfatiza que la medida afecta directamente a áreas estratégicas como la seguridad vial, la salud pública y el desarrollo tecnológico, y vulnera derechos laborales protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como por tratados internacionales de derechos humanos y convenios de la OIT.
“La seguidilla in crescendo de accidentes viales, a consecuencia del abandono y quita de presupuesto para las obras públicas que afectan a la extensa red vial de la República Argentina, constituye un toque de alarma para la vida, la integridad física y síquica de las personas, así como para la integridad de los medios de transporte y las mercancías”, alertaron Aleñá y Barcesat.
En la presentación judicial también se cuestiona el modelo económico del Gobierno, al que comparan con “las mismas y fracasadas políticas del Estado terrorista entre 1976 y 1983, la entrega de las empresas estatales del menemismo, y la gestión macrista, que endeudó al país y comprometió los recursos naturales del pueblo argentino”.
Por último, señalaron que el amparo busca “recordar a los jueces del Poder Judicial de la Nación que su deber primero es el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional”, mediante el control de legalidad y razonabilidad de los actos de gobierno.
Si se confirma la constitucionalidad del decreto, podría acelerarse el cierre de organismos estatales y la pérdida de cientos de puestos de trabajo en todo el país, en áreas que impactan directamente en la vida cotidiana y la seguridad de la población.
