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Luego del femicidio de Úrsula Bahillo asesinada por Matías Ezequiel Martínez, oficial de la policía bonaerense y ex pareja, que había sido denunciado múltiples veces por violencia de género, quedó a la vista la incompetencia y falta de un abordaje de género del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad.
La movilización a tribunales exigiendo una reforma judicial feminista de la que participaron miles de trabajadoras fue convocada junto a un texto firmado por una multiplicidad de organizaciones donde se subrayaba que a pesar que Úrsula había denunciado una y otra vez a su ex pareja "las respuestas del sistema judicial no fueron más que la inacción, perpetuando los privilegios patriarcales de los que gozan los varones en este sistema y dejar sin ningún respaldo, protección ni herramienta estatal a una joven que se acercó reiteradas veces buscando escucha, acompañamiento e intervención".
El texto señala que erradicar de manera estructural la violencia de género, "requiere no solo fortalecer y respaldar a los ministerios nacional y provincial de Mujeres, género y diversidad y sus políticas, sino también avanzar en profundos cambios en las instituciones; fundamentalmente en aquellas que tienen como tarea hacerse presentes y garantizar los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries".
Se hace imperiosa una reforma judicial feminista que revierta las lógicas de un poder que perpetúa la violencia en lugar de combatirla y una transformación estructural de las fuerzas de seguridad", subraya el documento.
Las organizaciones firmantes exigen:
- Necesitamos un sistema judicial que ponga en foco la escucha y los abordajes situados en la prevención, reparación y acompañamiento; no en meros mecanismos punitivistas cuando los daños ya están hechos y nuestras vidas y las de nuestres compañeres ya fueron vulneradas.
- Que se centralicen las denuncias y que la coordinación entre los organismos públicos y las instituciones judiciales sea en pos de accionar ante la urgencia pensando en nuevas formas de intervención no revictimizantes.
- Que la protección estatal y la justicia lleguen a tiempo: que la urgencia que tenemos por defender nuestras vidas sea la que marque el ritmo del accionar judicial que debe brindar las medidas de protección adecuadas.
- Necesitamos que la creación de políticas públicas en contra la violencia machista tenga prioridad en la definición de partidas presupuestarias.
- Se hace imprescindible la profunda reforma de las fuerzas de seguridad que sostienen y acompañan de manera corporativa a los violentos y responden solo con más violencia ante los reclamos de verdad y justicia.
- Es fundamental la efectiva implementación de la Ley Micaela para la incorporación de la perspectiva de género en los tres poderes del Estado y las Fuerzas de seguridad: no como un hecho aislado, sino como una formación actualizada y continua que proponga modificar el accionar cotidiano de todas las personas que trabajan en cualquier dependencia estatal con la finalidad de garantizar el libre y pleno ejercicio de nuestros derechos.
Finalizan afirmando que "la omisión, inacción y lentitud no pueden ser nunca más las respuestas ante ninguna situación de violencia para que no sigamos lamentando todos los días femicidios, travesticidios y transfemicidios. Pagamos la desidia y la inoperancia con nuestras vidas".
Exigen así una reforma estructural del Poder Judicial, con perspectiva de género y feminista que aborde seriamente la formación de "todes les funcionaries judiciales -incluida a Corte- y contemple la paridad de género en la justicia".
