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En diálogo con, El Destape Radio (FM 107.3), afirmó que lo que se acordó con la Unión Industrial Argentina aquellas es que “empresas en crisis, paradas, si generan un descuento salarial no pueden sobrepasar la barrera del 75%, teniendo en cuenta que el 50% lo va a solventar el Estado y por lo tanto, esa empresa, por más que esté en una situación difícil, también tiene que hacer un esfuerzo y generar otro porcentual salarial”.
Sin embargo destacó que es una “orientación” y que la CGT no se entromete en la realidad de cada actividad, y, aunque afirmó, que este es el piso, consultado sobre lo que ocurrió con la actividad petrolera donde les descontaron el 50% volvió a decir que “se respeta lo que cada actividad pueda negociar en la negociación colectiva”.
En teoría, entonces, según los dichos de Rodríguez, “si la empresa está en condiciones de pagar el 100% lo hace, si está en una situación crítica puede llegar a reducir el 25% de descuento de los salarios, a cambio de que no se eche gente”, el acuerdo es por dos meses, entre abril y mayo.
Nuevamente, ante la consulta de los telegramas de despido que están llegando, el dirigente sindical, sostuvo que en realidad, hay un decreto que impide echar gente y que espera no obtengan el beneficio de que el Estado solvente el 50% de los sueldos y que retrotraigan la situación.
Además, reconoció, que probablemente, la cuarentena va a ser extensible en el tiempo y “suponemos que paulatinamente van a ir liberándose ciertas actividades como se está haciendo hasta ahora”.
En cuanto al sector público, el dirigente de UPCN, señaló que “se seguirán pagando el 100% de los sueldos, la administración pública está trabajando, hay un 30% en función activa, y el resto está trabajando en teletrabajo, además incluso, nosotros pretendemos en concordancia con el Estado empleador ir a una paritaria cuando nos toca, que es el 1 de junio”.
Sobre el impuesto a las grandes fortunas contestó que “la CGT considera que es una iniciativa positiva”, aunque, como dicen muchos detractores del impuesto, destacó que “no conoce es el texto de ese proyecto”, y que por otra parte “depende exclusivamente del parlamento nacional”.
Ante la posibilidad de que este impuesto se hiciera extensivo a las grandes empresas de la Argentina dado que la gran mayoría continúan funcionando (154 de 200), dejo un manto de dudas al aseverar que “las empresas tiene una responsabilidad de producción, de funcionamiento, necesita reinvertir, es muy heterogéneo como para fijar una posición uniforme, si una empresa genera una rentabilidad y eso lo vuelca en una inversión genuina de su propia actividad en realidad no habría que cobrarle un impuesto, ahora si no lo hace es cuestión de visualizarlo, ahora es muy difícil uniformizar un criterio así”.
