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Este proyecto de ley, actualmente en proceso de debate en el Senado, tiene como objetivo principal reformar la Ley Marco, que establece las bases para las contrataciones permanentes en el ámbito estatal.
La eventual aprobación de esta ley daría luz verde al Gobierno para iniciar un plan de recortes en el empleo público, con el potencial de afectar a miles de trabajadores que gozan de estabilidad laboral en la actualidad. Este grupo incluye a aquellos que forman parte de la planta permanente del Estado y que podrían enfrentar la posibilidad de ser despedidos en el marco de esta nueva regulación.
El proyecto, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, busca no solo modificar áreas específicas, sino también reformular la Ley Marco, una pieza central en la regulación del empleo público a nivel nacional. El propósito declarado por el Gobierno es establecer un nuevo régimen de estabilidad laboral en el sector público.
Según datos obtenidos por el diario Ámbito, la implementación de la ley Bases pondría en la mira del Gobierno a unos 125.000 empleados que actualmente disfrutan de estabilidad laboral, amparados por la Ley Marco y la Constitución Nacional. Sumados a los 55.000 empleados de planta transitoria, la cifra total de empleados públicos en riesgo ascendería a 180.000.
El proyecto de ley incluye disposiciones específicas que permitirían al Gobierno pasar a disponibilidad a los empleados afectados por medidas de reestructuración, lo que podría llevar eventualmente a su despido. Durante el período de disponibilidad, los empleados serían capacitados o asignados a tareas en servicios tercerizados del Estado. En caso de no formalizar una nueva relación laboral al término de este período, serían desvinculados automáticamente de la Administración Pública.
Aunque fuentes oficiales aseguran que se está revisando cuidadosamente cada contrato en el marco de una auditoría gubernamental, y que aquellos empleados con responsabilidades continuarán trabajando, la incertidumbre persiste en el sector público ante la posibilidad de despidos masivos.
La aprobación de la ley Bases también tendría implicaciones en la reorganización de diversos organismos estatales, permitiendo al Gobierno modificar, reestructurar o disolver parcial o totalmente algunos de ellos. Esta medida afectaría a un amplio espectro de dependencias estatales, mientras que algunos organismos, como las universidades nacionales y los poderes Judicial y Legislativo, quedarían excluidos de esta disposición.
En resumen, la aprobación de la ley Bases abriría la puerta a una nueva etapa de cambios significativos en el empleo público y la estructura del Estado, con la posibilidad de despidos masivos y la reorganización de numerosos organismos gubernamentales.
