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La dirigente gremial afirmó que "Comenzó a correrse el velo de la corrupción" tras el procesamiento de Iguacel, quien como el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías por administración fraudulenta en la causa que investiga las irregularidades en la renegociación de los contratos de los peajes en los accesos Norte y Oeste.
Además, la secretaria general del sindicato señalo al respecto que
"Iguacel prorrogó por una década las concesiones en ausencia del llamado a licitación y pagó a las empresas a través del Estado 500 millones de pesos por supuestas inversiones no amortizadas".
Graciela Aleña comparó esa causa judicial, iniciada a partir de una denuncia del diputado nacional justicialista Rodolfo Tahilade, con la que, en 2019, presentó el sindicato ante el juzgado número 7 de Sebastián Casanello por "la prórroga ilegal del plazo de los contratos de peaje de los corredores viales".
"Las concesiones vencían sí o sí y no había forma de autorizar su continuidad, por lo que Iguacel difundió una resolución ad referéndum del Ejecutivo, sin aval de un decreto presidencial", explicó la sindicalista.
Agregó que la denuncia penal del sindicato, en poder del fiscal Eduardo Taiano, recayó también sobre el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, y expuso "una maniobra por la que las empresas concesionarias continuaron cobrando de forma ilegítima e ilegal a usuarios el peaje en las rutas nacionales".
"Para el resto de los corredores, Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución que permitió continuar emitiendo y abonando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro Nacional por valores superiores a los 30.000 millones de pesos", concluyó la sindicalista.
