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"Nos cuesta imaginar por qué razón un juez de trabajo considera que los trabajadores no son socialmente vulnerables cuando se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral peyorativa sin recurrir al Congreso y que los afecta en los aspectos individuales y colectivos", indica el texto de la apelación firmada por los secretarios generales de la CGT Héctor Daer, Pablo Hugo Moyano y Carlos Alberto Acuña.
En el documento, además de "interponer un recurso de apelación contra la resolución dictada por el Sr. Juez "a-quo" el 27 de diciembre del 2023 en cuanto desestima la medida cautelar solicitada", la cúpula cegetista reiteró el pedido cautelar y argumentó su postura.
"La aplicación inminente irrogará un daño de relevancia, tanto para las asociaciones sindicales como para los trabajadores, porque el DNU 70/23 cercena derechos adquiridos de protección constitucional en el ya citado art.14 bis y en las normas internacionales", resaltó.
Para el gremio, el decreto conlleva "una reforma laboral de espaldas al Congreso Nacional, materializa daños tangibles al modificar, con una pauta regresiva, que incluye supresiones y modificaciones" de distintas leyes laborales.
El juez Ramonet desestimó la cautelar de la CGT al argumentar que el decreto presentado por el presidente Javier Milei la semana pasada "todavía no se encuentra vigente".
Además, el magistrado resolvió asumir la competencia para tramitar una demanda de inconstitucionalidad presentada por el gremio y le dio tres días al Gobierno Nacional para responder. .
"No encuentro que se den razones 'graves y objetivamente impostergables' (conf. Art.4 inc. 1ro. Párrafo 3), que habiliten el dictado de una medida cautelar 'interina', considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia", fundamentó el magistrado.
La CGT reclamó que "se declare la inconstitucionalidad del Título IV del DNU 70/23 y, como medida cautelar, se suspenda la aplicación del mismo".
