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"Les solicitamos a los legisladores del bloque Independencia que vuelvan al bloque Peronista, Agustín Fernández, Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mansilla, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, cuando deberían responder al pueblo tucumano”, señala el comunicado difundido hoy por la CGT tucumana.
Y añade: “ustedes han sido electos firmado un contrato electoral con el pueblo de Tucumán, que los eligió para defender el ideario de la justicia social y el federalismo”.
El diputado nacional tucumano Agustín Fernández respaldó la semana pasada con su firma el dictamen de mayoría de la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” en el plenario de comisiones de la Cámara baja, y luego, junto a las legisladoras Elia Fernández y Gladys Medina, abandonaron el bloque de Unión por la Patria (UxP) para conformar otra bancada denominada como "Independiente".
El documento remarca que es preciso que los legisladores mencionados “honren el compromiso” con Tucumán “de cara a su responsabilidad institucional y a su pueblo y que no queden abrazados a esos tucumanos fieles herederos de la peor dictadura”.
“Hace muy pocos meses, en esta misma provincia, advertíamos que los que promueven la eliminación de la coparticipación en realidad quieren una mirada unitaria de la Argentina”, considera.
“Allí quedó claro que existen otros caminos para un país de consensos hacia el desarrollo, la producción y el trabajo”.
El comunicado que lleva la firma de la organización sindical manifiesta que “ninguna comunidad crece en el "todo o nada". Así es que, en nombre de unas supuestas fuerzas del cielo, el gobierno nacional decide un DNU de falsa necesidad y urgencia”.
“Luego envía un proyecto de ley Ómnibus, que obtuvo un irregular primer dictamen de ‘mayoría’, ya judicializado” y que fue “redactado por personajes ajenos a la administración del estado; que, en sus formas, desconoce aspectos de la tradición republicana de nuestra Constitución y sus procedimientos democráticos”, sostiene.
El proyecto de ley “en sus graves contenidos de fondo, perjudica a los trabajadores, a los jubilados y pensionados, a los inquilinos, a los consumidores, a las pymes, condena a muchas familias a la pobreza energética, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico, el patrimonio nacional y nuestra soberanía”, sentencia el escrito.
Y agrega que todo ello es “en beneficio del gran capital económico y financiero, tanto local como extranjero” y “como complemento indispensable, por un lado, criminaliza la protesta social y suprime los derechos laborales, desmantelando a las organizaciones gremiales”.
Por otro lado, “solicita la suma del poder público y la delegación de facultades que son indelegables del Congreso Nacional y de la representación de los gobernadores, violando diversos artículos de nuestra carta magna y estableciendo de facto un ‘estado de excepción’”.
