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"La CGT no representa los intereses de una 'casta' sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el dderecho a la manifestación y huelga", sostuvo la central obrera en un comunicado.
De esta forma la CGT respondió a la decisión de hoy del Gobierno de Javier Milei de intimar a más de 20 gremios y organizaciones sociales a pagar montos de hasta $56 millones en concepto de multas por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 y 27 de diciembre en Plaza de Mayo y Tribunales, respectivamente.
La central obrera, que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, consideró esa acción del Ministerio de Seguridad como una "afrenta ilegítima y contraria a la Constitución" que "expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical y el derecho a huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento".
Pero advirtió que esa intervención oficial "no condicionará al movimiento obrero organizado".
La CGT consideró las intimaciones como una "nueva provocación" del Gobierno y un "nuevo intento" de "acallar toda manifestación de protesta de los trabajadores organizados en expresión de sus legítimos reclamos ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país".
Los telegramas oficiales fueron enviados por el Ministerio de Seguridad a gremios como Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación de Trabajadores del Estado, la unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otros.
