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En el escrito se denuncia la política del Ministerio de Seguridad de la Nación de exigir a las organizaciones que paguen sumas millonarias por su participación en las protestas sociales del 20, 22 y 27 de diciembre.
El 10 y 11 de enero, las organizaciones sindicales, sociales y políticas recibieron cartas documentos en las que el Estado les reclama el pago de sumas millonarias por haber participado en manifestaciones públicas frente a las medidas de ajuste, recortes y reformas regresivas del nuevo gobierno.
El Ministerio de Seguridad de la Nación considera que la participación en marchas constituye una actividad ilegal y reclama, - prosigue el texto - arrogándose facultades que no tiene, sanciones económicas por protestas pasadas, con lo que también intenta condicionar la acción futura. Esta política constituye una afectación del derecho a la protesta y manifestación y un acto de injerencia estatal contra la libertad sindical.
El 18 de diciembre pasado ya se había solicitado la intervención de la CIDH para que cese la aplicación de medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. El 29 de diciembre, el organismo internacional manifestó su preocupación y recordó que “la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos”.
