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El juez federal Gustavo Villanueva hizo lugar a la medida cautelar presentada por dos trabajadores del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) despedidos a principios de abril y ordenó al organismo restituirlos en sus puestos y pagarles el salario caído. En la resolución queda descubierta la maniobra del Gobierno para deshacerse de personal con el menor costo político posible.
El caso involucra a los delegados de ATE Pablo Roque y Mariana Guibelalde, quienes a fines de mayo recurrieron a la Justicia para pedir la inmediata reinserción en sus puestos por considerarse despedidos sin causa y de manera discriminatoria. Los trabajadores fueron asesorados por las abogadas Josefina González Elizondo, Griselda Ingrassia, Natasha Jerman y Lucila Rodríguez Jauregui.
Roque y Guibelalde forman parte de los más de 300 trabajadores despedidos tras la intervención de Juan Martin Ozores al frente del organismo a partir del 26 de enero y por 180 días mediante el Decreto 89/2024. Ozores dispuso para eso la mínima dotación de personal y dictó el cierre de delegaciones provinciales a partir de abril. Entre ellas, las de Bariloche y Viedma donde se desempeñaban unas quince personas.
No obstante, los trabajadores pudieron comprobar que la delegación no cerró, y que el Centro de Atención de Usuarios donde se desempeñan continuó funcionando. Incluso en la web del ENaCom se menciona la delegación Bariloche como referencia. “La entidad y su área de trabajo continúan activas, lo cual desmiente la razón dada para su despido”, explicó el juez Villanueva.
Así quedó al descubierto que el modus operandi del Gobierno para deshacerse de delegados, entre otros empleados, fue “cerrar” organismos ya que de acuerdo a la Ley de Asociaciones Sindicales, es la única manera por la que cae la tutela sindical y estabilidad laboral de un delegado. Asimismo lo hicieron con los Centro de Desarrollo de Referencia del Ministerio de Capital Humano, ANSES y Correo Argentino, entre otras oficinas.
“No es necesariamente lo mismo el cese de actividades de un establecimiento –y con ello justificar el despido de un empleado amparado por el halo sindical– que el cierre físico de la dependencia. De hecho, la letra de la ley hace alusión únicamente a lo primero, cuando dice que “la estabilidad en el empleo no podrá ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o de suspensión general de sus tareas”, explicó el magistrado. El ENaCOM financió conectividad en barrios populares, zonas rurales y espacios comunitarios a partir de la pandemia.
Días atrás el presidente Javier Milei dijo en un medio internacional que lleva cesanteados a 25.000 estatales y que iría próximamente a despedir otros 50.000. Sin embargo, desde ATE reconocen sólo el despido de poco más de 11.000 trabajadores, muchos de los cuales se presentaron en la Justicia para revertir esa situación.
