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El oficialismo asegura que este nuevo proyecto incluye puntos propuestos por la UCR y el PRO, con la esperanza de que la CGT los acepte.
El debate en torno a este proyecto promete ser intenso, ya que el Gobierno ha desechado la propuesta de reforma laboral de los diputados de la UCR como base para buscar su sanción legislativa. De hecho, si el texto no sufre cambios sustanciales durante su tratamiento en comisión, es poco probable que mejore la relación con la CGT. Entre los puntos más controversiales se encuentran las restricciones al derecho de huelga, la penalización de asambleas de trabajadores y la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Aunque existen algunas diferencias con el decreto anterior, como la reducción del período de prueba de los trabajadores y una regulación más estricta de las cuotas sindicales, el nuevo proyecto mantiene la esencia de la propuesta original. Sin embargo, se espera que se produzcan debates intensos sobre temas como las penas para quienes bloqueen empresas y la injuria laboral.
El proyecto también contempla la posibilidad de que empresarios y sindicalistas acuerden un sistema indemnizatorio distinto en la negociación colectiva, basado en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA. Aunque fuentes oficiales aseguran que se han tenido en cuenta varios proyectos presentados por la oposición, es evidente que el nuevo texto se asemeja más al proyecto de ley presentado por la diputada del PRO Verónica Razzini.
Con la cuenta regresiva en marcha para su tratamiento en comisión y posterior votación, surge la incertidumbre sobre si habrá margen para modificaciones en el proyecto. La oposición cercana al oficialismo duda de la posibilidad de cambios significativos, ya que el objetivo es avanzar con la aprobación antes del 25 de mayo. Sin embargo, si el Gobierno busca una tregua con el sindicalismo, es probable que deba estar dispuesto a negociar varios aspectos del proyecto.
