El precio del neoliberalismo: la clase obrera chilena durante la dictadura

La dictadura chilena encabezada por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 tuvo un carácter refundacional y transformó el país de forma estructural. Se trató del primer Estado que implementó plenamente la doctrina neoliberal, que encontró su caldo de cultivo al calor de la crisis capitalista y del Estado de Bienestar de la primera mitad de la década de 1970.

Sin embargo, para poder aplicar estas políticas económicas necesitaban en aquel contexto un respaldo represivo que doblegara a una clase obrera y un movimiento popular activo, organizado y cohesionado. Por eso, en todo el Cono Sur de América Latina, fueron gobiernos dictatoriales los que desarrollaron el programa de ajuste sobre la base del terrorismo de Estado que implementó prácticas genocidas, con el objetivo de desmembrar los lazos de colectivos y de solidaridad.

Es que el capitalismo en su fase neoliberal no era inevitable. Fue producto de una ofensiva brutal de las clases dominantes que no dudaron en utilizar la violencia y el exterminio para lograr sus objetivos. Se trató de una derrota política y social de los sectores populares que, sobre todo en las décadas de 1960 y 1970, habían ensayado procesos revolucionarios en todo el mundo que habían puesto en cuestión el modo de producción capitalista.

Antes del golpe

Desde la década de 1930, la clase obrera chilena se fue configurando como un actor no sólo sectorial y corporativo, si no también político. Esto cobró mayor fuerza en los ‘60, cuando la mayoría de los sindicatos estaban ligados a distintas organizaciones y la Central Única de Trabajadores (CUT) era conducida por el Partido Comunista.

En aquellos años, el movimiento sindical empezó a exigir una mayor participación institucional que alcanzaría plenamente entre 1970 y 1973, durante la presidencia de Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular.

No obstante, como en todo país de la periferia capitalista, el desarrollo industrial y por lo tanto de la clase trabajadora era desigual, lo que se reflejó en su subjetividad política.

Por un lado existía un sector obrero ligado a la industria más moderna, transnacionalizada, y especialmente a la minería, que eran en su mayoría partidarios de transformaciones económicas graduales. Por el otro, la clase obrera de las medianas y pequeñas empresas, precarizada, con menos derechos y asociada a sectores políticos más radicalizados, se movilizaba para profundizar y acelerar el programa transformador de la Unidad Popular, provocando un desborde de la institucionalidad tanto sindical como política.

Esta divergencia de perspectivas no fue por supuesto la razón del golpe de Estado de Augusto Pinochet, pero sí se convirtió en condición de posibilidad para que el heterogéneo grupo de fuerzas reaccionarias que apoyaban la interrupción del orden democrático pudiera imponerse.

Del proyecto corporativista a los Chicago Boys

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Chile comenzó una transformación sin precedentes. Se desarticuló la organización popular en pos de un modelo de desigualdad extrema y privatización de todas las esferas de la vida.

Como sostiene el sociólogo chileno Giorgio Boccardo “los cambios ocurridos en la clase obrera chilena desde 1973 son de una hondura sin parangón en América Latina. A diferencia de lo ocurrido en países como Argentina o Brasil, en que los sindicatos obreros enfrentan y morigeran muchas de las reformas neoliberales; en Chile, bajo la dictadura se imponen una serie de transformaciones en la producción y el trabajo que, pese a la resistencia de las organizaciones sindicales, terminan por arrasar con la fisonomía de clases y grupos sociales forjada en el periodo anterior”.

Una de las primeras medidas de la dictadura fue ilegalizar la CUT y suspender los derechos de huelga y negociación colectiva. Sin embargo, en los primeros dos años, existió un efímero intento de construir una alianza con algunos sectores obreros. Por medio de la Fuerza Aérea, que encabezaba el Ministerio de Trabajo, la Junta Militar intentó crear un régimen corporativista y “reemplazar” a los sindicatos marxistas por otros más afines, ligados en su mayoría a la Democracia Cristiana.

Pero en el marco de una fuerte inflación que superó el 700% en 1974, este proyecto fue abandonado y los sectores nacionalistas e industriales de la dictadura fueron desplazados por el ala neoliberal asesorada por economistas de la Escuela de Chicago. A partir de entonces se adoptó un programa económico que promovió la reducción de aranceles, la liberalización del comercio y del sistema financiero, así como una privatización de la estructura productiva.

Las consecuencias inmediatas fueron la caída del salario, el aumento del desempleo y de los precios de la canasta básica. Los sindicatos que habían apostado a una alianza con la dictadura, pasaron a la oposición.

Aunque el ideólogo neoliberal Milton Friedman calificó esta etapa como “milagro chileno” por el supuesto éxito de estas medidas económicas que él promovía, los datos lo contradicen. Tal como señala el economista René Cortázar, entre 1974 y 1982 los salarios reales cayeron un 22%, las jubilaciones y pensiones un 35% y las asignaciones familiares un 40%.

En el mediano plazo las secuelas resultaron más drásticas: la incapacidad de la burguesía local de competir en un mercado totalmente liberalizado, llevó a un proceso de cierre de instalaciones industriales que puso en jaque la propia reproducción de la clase obrera organizada.

El Plan Laboral: el marco legal de la explotación

Fue la llegada de José Piñera, hermano mayor del ex presidente Sebastián Piñera, al Ministerio de Trabajo en 1978 el hito que iba a sentar las bases de la reorganización del modelo laboral chileno en beneficio de los empresarios y en detrimento de los trabajadores.

Su designación tuvo el objetivo de desactivar una campaña de boicot a la dictadura que encabezaban los sindicatos estadounidenses. Si bien estos eran fervientemente anticomunistas y compartían la ideología neoliberal de Pinochet, estaban ligados a organizaciones gremiales chilenas dirigidas por la Democracia Cristiana y denunciaban la falta de libertad sindical.

El flamante funcionario tomó entonces la iniciativa y estableció un marco legal. En 1979 presentó su Plan Laboral cuyo objetivo era reducir al mínimo el poder sindical y eliminar al Estado como mediador del conflicto entre el capital y el trabajo.

La nueva normativa acotó la negociación colectiva a lo estrictamente salarial y dentro de los límites de cada empresa haciendo que cada sindicato pase a ser un pequeño grupo negociador encerrado en los marcos de la unidad productiva. Esto eliminó el poder que tenían los gremios organizados por rama, así como las federaciones, confederaciones o la propia central sindical, que seguía ilegalizada. Asimismo, las huelgas no podían durar más de 60 días, de lo contrario todos los trabajadores participantes se consideraban automáticamente despedidos y sin indemnización.

La ley también estableció la afiliación estrictamente voluntaria y habilitó la negociación individual, al margen de la existencia o no de un sindicato en la empresa. En la misma línea permitió la “libertad sindical” fomentando la creación de nuevas organizaciones gremiales dividiendo el poder de los trabajadores.

Finalmente eliminó lo que se llama ultraactividad de los convenios. Es decir que, una vez que pasaban dos años, el acuerdo laboral caía por completo y se tenía que rediscutir en su totalidad. Así se dio lugar a la posibilidad de que en una nueva negociación los trabajadores quedaran en peores condiciones que antes.

Un año más tarde, Piñera encabezó también la reforma del sistema de pensiones dando nacimiento a las AFP. Se abandonó el sistema solidario e integral y las cotizaciones para la jubilación pasaron a ser individuales.

Todas estas limitaciones que enmarcaron la negociación colectiva a cuestiones estrictamente laborales e inmediatas, apoyadas en una represión sistemática, permitieron avanzar en uno de los objetivos claves de la dictadura: la despolitización de los sindicatos.

En palabras de Boccardo “las reformas neoliberales apuntaban a una radical transformación de los principios de solidaridad construidos por los sindicatos” y en el largo plazo, “la reproducción de los trabajadores dependería cada vez más de su esfuerzo individual y capacidad de acceso a los nuevos mercados de servicios sociales, por lo que la organización sindical y los partidos políticos comenzarían a perder su sentido práctico”.

El reagrupamiento sindical

Esta ofensiva patronal unificó al hasta entonces dividido movimiento obrero. Por un lado el llamado “Grupo de los 10”, opositor a Salvador Allende e inicialmente colaboracionista con la dictadura, que reunía a sindicatos ligados a la Democracia Cristiana. Por el otro, la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que eran liderados por comunistas y socialistas.

Estos agrupamientos confluyeron en el Comité de Defensa de los Derechos Sindicales e impulsaron una serie de huelgas en la industria del cobre y el carbón, en la metalúrgica Madeco, en las textiles Victoria y el Panal, y en Sumar Nylon y Vinex. Sin intervención estatal y bajo la nueva legalidad del Plan Laboral, las patronales se impusieron en casi todos los conflictos.

Pero a fines de 1982, los trabajadores de la central hidroeléctrica Colbún-Machicura realizaron un paro por los bajos sueldos y el maltrato de los capataces. Ignorando las disposiciones del Plan Laboral hicieron partícipe a la Confederación de Trabajadores de la Construcción -dirigida por comunistas- y convocaron a una huelga “ilegal” que duró tres meses. Si bien el conflicto terminó en despidos, fue un triunfo político ya que tanto la empresa como el gobierno aceptaron que se pagaran indemnizaciones (algo no contemplado en la normativa vigente).

Esta conflictividad de comienzos de los ‘80 estuvo directamente ligada a la destrucción del mundo del trabajo provocada por el modelo neoliberal. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la clase obrera industrial y de la construcción pasó de representar en 1971 el 26% de la Población Económicamente Activa, a apenas el 7,5% en 1982.

Es que el programa económico de la dictadura de Augusto Pinochet, que fue un manual que luego aplicarían otros países en todo el mundo, contrajo la economía y ese problema intentó ser subsanado mediante el endeudamiento externo. Así, el pueblo chileno se convirtió en el más endeudado per cápita del mundo a finales de la década de 1970. La deuda externa pasó de 3.500 millones de dólares en 1973 a más de 17.000 millones en menos de diez años.

El modelo se fisura

A comienzos de la nueva década el país afrontó un cuello de botella por la restricción de financiamiento externo y se desencadenó una crisis económica. En 1982 el peso chileno, que durante dos años se había mantenido en una paridad de 39 a 1 con el dólar, se devaluó un 30% para compensar la falta de divisas y el Producto Bruto del país cayó un 14% según datos oficiales.

Frente a un escenario de por sí complicado para el pueblo, la dictadura decidió profundizar la precariedad de las y los trabajadores. Se designó a Miguel Kast, hermano del ex candidato de ultraderecha José Antonio Kast, en reemplazo de Piñera en el Ministerio de Trabajo.

El nuevo ministro eliminó la regulación de las indemnizaciones, que pasó a ser una negociación particular en cada caso; dejó de existir la obligación de pagar el salario mínimo para menores de 21 años y mayores de 65; y se puso fin a la jornada laboral “rígida”, según los estándares neoliberales, permitiendo a los empleadores extender el trabajo hasta 12 horas diarias. Para ese entonces el desempleo estaba por encima del 23% (frente al 4,8% que había en 1973), funcionando como un disciplinador de una clase obrera que ya llevaba una década de embates patronales.

Esto fue acompañado por el encarcelamiento de dirigentes e incluso el asesinato, en febrero de 1982, de Tucapel Jiménez, presidente de la poderosa Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). El líder sindical había sido parte del ala colaboracionista hasta 1975 para luego pasar a la oposición.

Esto da cuenta de la articulación entre legislación neoliberal y represión que mantenía el régimen para intentar doblegar a la clase obrera. Una política que se profundizó con el deterioro económico. Pero esta crisis por abajo también comenzó a expresarse dentro del bloque de poder y la dictadura decidió hacer un recambio, reemplazando a los ‘Chicago Boys’ por funcionarios también neoliberales, pero más dialoguistas.

El pueblo se levanta

El resurgimiento sindical y una incipiente rearticulación de los partidos políticos, llevaron a que los años subsiguientes fueran de mayor movilización popular. El hito fundacional de este nuevo ciclo fue la Jornada Nacional de Protesta por la defensa del trabajo, encabezada por la Confederación de Trabajadores del Cobre, el 11 de mayo de 1983. En junio una nueva protesta sumaría huelgas y sus consecuentes despidos, así como detenidos y muertos por la represión. Pero un año más tarde, una huelga de hambre de trabajadores del cobre lograría las reincorporaciones.

Mientras se desarrollaban estas luchas, los sindicatos confluyeron con los partidos políticos en la pelea por la recuperación de la democracia y formaron el Comando Nacional de Trabajadores (CNT) que el 1º de mayo de 1984 presentó el “Pliego de de los trabajadores de Chile” exigiendo el fin de la dictadura, la represión y la derogación del Plan Laboral.

Para 1985, con un Estado de Sitio que limitó fuertemente las movilizaciones, la dictadura igualmente tuvo que ceder y retrotrajo alguna de las reformas laborales. Entre ellas garantizó que los acuerdos individuales no podían ir en contra de los convenios colectivos, que todo despido debía ser indemnizado, que la jornada laboral no podía exceder las 10 horas diarias y que los menores de 21 no podían cobrar por debajo del salario mínimo.

Transición y consolidación neoliberal

A partir de 1986 el país experimentó una leve recuperación económica que impactó en un alza del empleo. Pero el mercado laboral se había transformado de manera profunda. El sector servicios, más precarizado y menos organizado sindicalmente, había crecido considerablemente igualando al industrial. Este último, al igual que la minería, si bien se recuperaron, lo hicieron con un cambio de fisonomía. Se expandió la tercerización del trabajo de las unidades productivas, desarticulando y socavando la posibilidad de reagrupamiento obrero.

En paralelo, el agotamiento del ciclo de protestas de mediados de los ‘80, abrió el camino a los sectores políticos moderados que apuntaban a una recuperación democrática pactada con la Junta Militar. A nivel sindical esto se expresó en la creación de una nueva Central sindical, la Central Unitaria de Trabajadores (cuyas siglas también son CUT). Pero esta fue encabezada por dirigentes de la Democracia Cristiana y del renovado y ultra moderado Partido Socialista.

La carta de principios de la organización, si bien se oponía a la explotación laboral y defendía una democracia sustantiva, rechazaba adscribir a un proyecto político específico y tomar una definición clasista. Esta renovación ideológica, junto a la exclusión de hecho del Partido Comunista de la institucionalidad política y el temor a un resurgimiento autoritario, impidieron recuperar el legado de idearios más combativos.

Si bien el movimiento obrero fue partícipe activo de la campaña por el “No” en el plebiscito de 1988 que rechazó la continuidad de la dictadura, la nueva dirigencia política no tenía en sus planes reincorporarlo a la vida democrática como sujeto social fundamental. Por eso a partir de 1990, con la recuperación democrática, los gobiernos de la Concertación hicieron reformas pero mantuvieron las bases fundamentales del modelo neoliberal bloqueando así una rearticulación de la clase trabajadora y sus sindicatos.

Lejos de ser un modelo exitoso, el neoliberalismo arrojó números muy negativos para el pueblo chileno. Según datos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el ingreso por habitante en 1973 era equivalente al 28% del de los estadounidenses; mientras que en 1989 había disminuido a 25%; en el mismo período la inversión productiva representó un 16% del PBI, contra un 20% en la década previa a la dictadura; el salario real se redujo un 40% y se agrandó la brecha de desigualdad: el 20% más rico pasó de ganar 12 a 20 veces más que el 20% más pobre.

En estos tiempos, estas ideas económicas reaparecen en todo el mundo en la voz de políticos y empresarios. Se presentan como una supuesta “modernización” frente a un modelo laboral “antiguo”, cuando en realidad se trata de programas que fueron probados hace más de cuatro décadas con resultados desastrosos para las clases populares.