La cultura quiere impedir el choque de “La ley Ómnibus”

Del degradamiento de Ministerio a  Secretaría al desfinanciamiento de la cultura solo hay un solo paso: la aprobación del paquete de medidas que propone la Ley Ómnibus. A partir del 20 de diciembre, inaugurando el “protocolo antipiquetes”, la parte de la sociedad argentina y un conjunto de diversos sectores que representan la vida cotidiana de los/las ciudadanos/as (educación, deporte, cultura, etc) se han manifestado en tanto en cacerolazos en esquinas de los barrios como en su epicentro que radica en el Congreso de la Nación. Diez días después y con el anuncio del paro de la CGT en vilo de la organización popular; Unión por la Cultura (un frente de artistas, gestores, productores, y trabajadores de la cultura en su conjunto) decidieron por votación que el miércoles 10 de enero pasado se llame a un cacerolazo masivo en todo el país. Este día, entre amparos judiciales, el movimiento cultural organizado hizo eco de su negativa ante la Ley Ómnibus y el DNU propuesto por el gobierno de Javier Milei.

El colectivo Unidxs por la Cultura, que nuclea a más de 100 asociaciones culturales y comunitarias del país, organizó así el Cacerolazo Cultural Nacional, una movilización que alcanzó más de 40 ciudades. El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, el día de hoy en el plenario de comisiones para abordar el megaproyecto afirmó que “Casta o libertad” y afirmó que “esa ley es una condición necesaria y un paso crucial para este proceso” a su vez confirmó la reducción de presupuesto para los entes estatales de la cultura y a su vez la centralización del INT y el FNA hacia la secretaría de cultura. El plan del gobierno de "La libertad avanza” es desfinanciar todas las áreas públicas de cultura y entregarlas a las leyes del mercado”. Dejarían de existir subsidios estatales a la música y al teatro, difícilmente artistas puedan impulsarse o participar de festivales nacionales (como sucedió con el Festival Nacional de la Chacarera, suspendida por falta de presupuesto), solo podrán producir y competir grandes productoras de teatro y cine como la producción de libros quedará en manos de los oligopolios editoriales. 

Puntualmente: Al Incaa se le retira su principal fuente de financiamiento (el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicación, a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable), que pasaría al tesoro nacional. Sus fondos dependerán de lo que destine el Ministerio de Economía y recibirá el 10% sobre el precio de las entradas de cine. También la nueva ley fija que los gastos operativos y de personal no pueden superar el 25% de su presupuesto: en la actualidad, se gasta el 50% solo en personal (alrededor de 1.300 empleados). De esta manera, según e proyecto, el Incaa debería reducir su planta de personal más de la mitad (hasta casi un 70%). También se propone la eliminación de la obligatoriedad de tramitar una autorización ante el INCAA por parte de empresas comercializadoras de películas para su difusión en otros medios. 

La ley ómnibus enviada al Congreso plantea derogar el Decreto Ley 1224, de 1958, que creó el FNA (de 1958 a 1973, la escritora Victoria Ocampo integró el directorio del mismo). El financiamiento proviene del cobro del “dominio público pagante” a editoriales, productoras de cine y empresas que exploten comercialmente obras libres de derechos, una vez pasados setenta años de la muerte de los creadores. También obtiene ingresos por las tasas y multas de la Ley de Propiedad Intelectual e intereses de préstamos, aportes extraordinarios y títulos. En el año 2023: Se entregaron 485 becas de formación y 989 becas de creación, 1474 en total, por $ 228.820.000. Se entregaron 105 préstamos por $ 106.083.000. En 116 subsidios, se distribuyeron $ 78.260.938, y en 151 concursos, $ 40.035.000. La inversión destinada a la cultura apenas representa el 0,2% del presupuesto nacional, pero, sin embargo, el sector genera un significativo valor agregado del 1,8 por ciento. Muchos de los subsidios tienen que subsanar presentando fehacientemente que para lo que fue pedido se haya realizado además de labores culturales comunitarios o sociales con la idea de que la cultura llegue a todos y todas. 

La propuesta de derogación de la Ley Nacional del Teatro, que implica el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y está incluida en el paquete de reformas enviado por Milei al Congreso, generó un repudio masivo de los y las trabajadores/as del teatro. Buenos Aires es la tercera ciudad del teatro a nivel mundial gracias al desarrollo del teatro independiente, apoyado en centenares de pequeñas salas que se autofinancian y de no recibir las ayudas con las que cuentan, deberían cerrar.

Otro caso es de los ítems que pretende derogar la Ley 26.522, artículo 97, Inciso G. Se trata del desfinanciamiento del Instituto Cultural de la Música (INAMU), el ente público no estatal que se costea con tan solo el 2% de lo que recauda la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además la cantidad de grupos y solistas fomentados en 9 años fueron 15.000 y ellos son los que ponen el 70% del valor de la producción, el INAMU lo completa. Sería imposible la diversidad de voces a nivel federal si el Estado no participa de su descubrimiento y difusión a través de concursos y registros de músicos/as. 

En el caso de las Bibliotecas Populares incluye la reforma de la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) por ejemplo: se informa que las bibliotecas populares dependerán de los subsidios que el Congreso les otorgue; para obtenerlos, se deberá acreditar “la necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca Popular”, “las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas” y “el mayor esfuerzo” realizado en la prestación de servicios (no se determina quién lo evaluaría). La Conabip también cambiaría de nombre si se aprueba esta ley. Pasaría a llamarse Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y continuaría bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. 

En el artículo 60 se propone la derogación de la ley 25.542 de precio único (la ley establece que los editores fijan el precio de venta de los libros y que debe ser el mismo en todos los puntos de venta del país). Si se derogara la disposición vigente; esto habilitaría que cadenas de librerías o cualquier otro comercio, podrían vender libros a un precio similar e inferior al del costo, lo que decantaría en el cierre de librerías más pequeñas o mismo pymes nacionales que no podrían competir en el mercado. Otro punto son las editoriales independientes que dan lugar a nuevos autores/as y apuestan a nuevos contenidos, correrían riesgo como así la diversidad que promueven: Son las más de 500 editoriales pymes que producen material de calidad en Argentina y las más de 1.500 librerías a lo largo y ancho del país. A este escenario se suma el faltante del papel es una constante (el año pasado aumentó un 150% los primeros cinco meses), a nivel nacional, la producción se concentra en dos productores: Ledesma y Celulosa, que, por ser los dueños oligopólicos del mercado, fijan el precio sin represalia alguna. De cara a este año, el sector presenta un escenario de estancamiento en cuanto a demanda, ya que no se prevé un aumento del consumo (en línea con deterioro de salarios reales esperados en 2024). El precio del papel es un 25 o 30 % del costo del libro, si supera el 50% es mucho más caro que el precio de traducciones o la misma edición de las autorías, lo que impediría a nuevos autores o pequeñas editoriales producir nuevas ediciones. 

Son muchos los países del mundo que cuentan con leyes que establecen el precio fijo en la venta de libros, como Alemania, Francia, España, Dinamarca, Austria, Grecia, Italia, Holanda, Portugal, Japón y Corea del Sur, entre otros. Este tipo de leyes velan por las industrias editoriales, impulsando su desarrollo y preservación de librerías pequeñas (como puede ser una Pyme).

Bajo la consigna “Encendemos la lucha para que no apaguen la cultura”, miles de manifestantes en todo el país repudiaron el DNU, la ley ómnibus y el protocolo represivo que dictó e impulsó recientemente el gobierno de Javier Milei. Como parte de la antesala de la movilización del 24 de enero convocada por la CGT, el arte logró una unificación desde todas sus disciplinas y a nivel federal.